A seis años de la estatización de Aerolíneas Argentinas el Gobierno sube la apuesta e intentará declarar “servicio público esencial” a la aeronavegación, a través de un proyecto que el Senado comienza a discutir.
La iniciativa ingresó a la Cámara alta a fines de junio, con las firmas del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Transporte, Florencio Randazzo; de Defensa, Agustín Rossi, y de Trabajo, Carlos Tomada.
El proyecto, de 31 artículos, será puesto a discusión de los senadores en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, a cargo del Senador Adolfo Bermejo.
A esa reunión asistirá el subsecretario de Transporte Aerocomercial de la Nación, Manuel Baladrón, para explicar los alcances del proyecto, que promete una dura discusión por los habituales cuestionamientos de la oposición al manejo de Aerolíneas Argentinas por parte de Mariano Recalde.
Según surge de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) de mayo de este año, el Estado nacional transfirió 17 mil millones de pesos a Aerolíneas Argentinas desde la expropiación de la compañía. Ese dinero se habría utilizado para cubrir las pérdidas de las empresas desde la estatización (el 10 de julio de 2008) hasta el 31 de diciembre de 2013, y la cifra ahora llegaría a 20 mil millones de pesos.
El Senado pondrá en marcha el debate del proyecto oficial, el que luego deberá pasar por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para poder llegar al recinto.
Qué dice el proyecto
En su artículo primero, el texto define como “servicio público esencial” la navegación aérea y, para cumplir con este objetivo, se proyectan dos prestadores del servicio: la nueva Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) y la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, hoy en funcionamiento.
La EANA estaría facultada incluso para proveer el servicio a otros países, y se le transfieren las funciones de control operativo que hoy tiene la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, así como el personal, los bienes y el presupuesto.
A su vez, funcionaría dentro de la EANA un Consejo Consultivo Permanente integrado por representantes académicos, gremiales, industriales y científicos del sector aeronáutico, para lograr “la optimización de su gestión”.
En su artículo 23, el proyecto aclara que la EANA “se regirá por las normas y principios del derecho privado”, por lo que no podrá someterse a los principios del derecho administrativo, algo que podría llegar a cuestionar la oposición.
Como desafíos de la navegación aérea como servicio público, el artículo cuarto menciona “promover la innovación tecnológica; capacitar y/o facilitar la capacitación y profesionalización del personal conforme a estándares internacionales; asegurar el compromiso ambiental y garantizar la representación de la comunidad aeronáutica”.
También enumera “crear un plan de negocios que equilibre la seguridad operacional con la productividad y el respeto de los derechos de los trabajadores; alcanzar un liderazgo en la región; lograr el autofinanciamiento y reinvertir en dicha actividad las ganancias que se obtengan”.
Fuente: Semanario Parlamentario
