En Brasil, la Antaq estima liberar autorizaciones para 51 nuevas terminales privadas.
La polémica en torno al Decreto 9.048/2017, que revisó la reglamentación de la Ley de los Puertos de 2013, no debe impedir la liberación de otras 51 solicitudes de autorizaciones para instalaciones privadas -con una inversión prevista de R$ 4,3 mil millones- en la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq).
En este contexto, 37 emprendimientos están asociados a terminales de uso privado (TUP), que suman R$ 3,4 mil millones. Otras 12 terminales privadas son de transbordo de carga (ETC), presupuestadas en R$ 500 millones. El resto involucra dos instalaciones portuarias de turismo (IPT), con inversiones programadas por R$ 328 millones.
El director general de Antaq, Adalberto Tokarski, afirmó que el ritmo acelerado del análisis de los pedidos se debe a la aplicación del decreto, de mayo del año pasado, que se discute desde la publicación. Las sospechas sobre la atención indebida de juicios del sector resultaron en una nueva solicitud de investigación contra el presidente Michel Temer. Las investigaciones pasan por el presunto beneficio a la empresa Rodrimar que mantenía contactos con Rodrigo da Rocha Loures, ex asesor especial del presidente.
Con la nueva regla, el plazo máximo de los contratos fue elevado de 50 a 70 años. Este cambio beneficia a empresas registradas después de 1993. Tokarski explicó que la articulación para incluir a las pre-1993 no surtió efecto. «La propuesta que salió del ministerio llegó a la Casa Civil sin ser flexibilizada. Si alguna empresa, o representante, trabajó para ello, no hubo resultado alguno», dijo.
Tokarski comentó que, mientras persisten los cuestionamientos, la agencia sigue haciendo los deberes, desburocratizando procedimientos y adecuando normas. El análisis de nuevas autorizaciones para terminales 
privados fue el más beneficiado con la reducción de las etapas de evaluación.
Las terminales privadas liberadas se sumarán al grupo de 199 permisos ya validados por la Antaq. El director general de la agencia dijo que la Ley de Puertos, aunque criticada, contribuyó a ampliar el número de terminales privadas en el país. Desde 2013, cuando fue sancionada, hubo un incremento superior al 50%. En ese período, fueron liberadas 79 terminales nuevas, con inversiones por R$ 17,2 mil millones. Sólo el año pasado, hubo 12 autorizaciones con una inversión de R$ 3,6 mil millones.
Tokarski dijo que no había resistencia a la idea de permitir que parte de las compañías “Docas”, o administraciones delegadas a Estados y municipios, liciten áreas públicas. Según él, basta un acto legal del ministro para que autoridades portuarias, con capacidad técnica para elaborar estudios y edictos, asuman esa competencia. Para Antaq, algunas administraciones como Codesp (SP), Suape (PE), Paranaguá (PR) e Itaqui (MA), ya demostraron tener condiciones para asumir esas responsabilidades.
En un plazo de dos meses, Antaq prevé un «alquiler simplificado» orientado a más de 200 pequeñas áreas. Tokarski informó que esas áreas podrían ser utilizadas para la instalación de almacenes y pequeños muelles, con un volumen de inversión de hasta R$ 100 millones y contratos a diez años.
La iniciativa de desbloquear el uso de pequeñas áreas debe beneficiar a empresas de menor tamaño dirigidas a la importación o exportación. Según el director, la norma atiende al mando del Decreto 9.048/2017 sobre la ocupación y la explotación de áreas e instalaciones portuarias no previstas en la ley.
Fuente: Portos e Navios con información de Paraná Coorparativo
