En las últimas semanas, la firma del CETA era una incertidumbre debido a la negativa de algunas regiones belgas, que reclamaban mayores garantías sobre lo que se firmaría entre Canadá y la UE. Finalmente, Bélgica dio su necesaria aprobación, pero quedaron dudas sobre presiones y velados ultimátums a Bélgica para obtener su conformidad. Esta forma de conseguir la aprobación del tratado también deja incertidumbres sobre la capacidad de los europeos para negociar el Brexit o para cerrar los acuerdos comerciales tan discutidos con Estados Unidos, Japón o los países del Mercosur.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente del ejecutivo europeo, Jean-Claude Juncker, firmaron el tratado, de 1.600 páginas y 13 capítulos que crea “un espacio de libre comercio trasatlántico de 550 millones de habitantes”.
El acuerdo de libre comercio plantea la eliminación de más del 98% de aranceles que rigen para los exportadores de ambas partes, los cuales ahora podrían provocar un ahorro de cerca de 500 millones de euros.
Se espera que el CETA facilite la exportación y la inversión de la UE para hacer negocios en Canadá, genere más puestos de trabajo, facilite los desplazamientos temporales de ejecutivos de empresas y proveedores de servicios, contribuya a acabar con las reproducciones ilegales de innovaciones y promueva el acceso de empresas europeas al mercado canadiense en sectores clave como servicios financieros, telecomunicaciones, energía y transporte marítimo.
Tras la firma del tratado y a la espera de su ratificación por parte de las autoridades de Canadá y por los Parlamentos de los veintiocho Estados miembros de la UE, este tratado comercial entrará en vigor de manera provisional y parcial. El complejo proceso de ratificación por todos los países involucrados puede llevar años.
El presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, declaró este domingo que el pacto «representa mucho más que un paso positivo en nuestras relaciones bilaterales». Para tener plena vigencia, el CETA tendrá que ser ratificado por los Parlamentos de los veintiocho Estados miembros de la UE. La Comisión Europea define el acuerdo, que se empezó a negociar hace siete años, como el más ambicioso alcanzado nunca por la UE. Algunos movimientos sociales lo critican argumentando que no respeta el medio ambiente, que se ha negociado sin transparencia y que favorece a las multinacionales y no a los ciudadanos.



















