El acuerdo Mercosur–UE apunta a una integración más profunda, pero a inciertos avances en desarrollo. –El acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea representa uno de los desarrollos más significativos en el comercio global actual, no solo por su escala económica sino también por su peso político y geopolítico. Tras más de 25 años de negociaciones, el reciente avance en el acuerdo se produce en un contexto global marcado por cadenas de suministro fragmentadas y un resurgimiento del proteccionismo, impulsado por el regreso de las prácticas comerciales unilaterales. En conjunto, los dos bloques abarcan 31 países, más de 700 millones de personas y representan casi el 25% del producto interior bruto mundial.
En términos simplificados, el acuerdo prevé la reducción o eliminación gradual de aranceles de importación y exportación sobre productos en los que cada bloque tenga mayor especialización, ya sea por capacidades tecnológicas o por ventajas comparativas vinculadas a sus respectivas regiones. También establece normas comunes sobre cuestiones como el comercio de bienes industriales y agrícolas, la inversión y las normas regulatorias. En la práctica, el Mercosur eliminará aranceles sobre alrededor del 91% de los productos europeos durante hasta 15 años, mientras que la Unión Europea eliminará aranceles sobre aproximadamente el 95% de los productos de origen en Mersocur en un plazo de hasta 12 años, lo que indica un alto grado de liberalización comercial entre las partes.
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El 9 de enero, la Comisión Europea aprobó el texto con el respaldo de 21 de los 27 estados miembros de la UE, suficiente para cumplir el quórum requerido tanto en número de países como en representación poblacional, que debe alcanzar al menos el 65% de la población de la UE. Con ello, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, está autorizada a firmar el acuerdo, que se espera que se celebre más adelante en enero.
Sin embargo, el proceso está lejos de estar completo. En el lado europeo, el acuerdo aún necesita la aprobación del Parlamento Europeo, un paso esperado en los próximos meses, probablemente entre abril y mayo. Dentro del Mercosur, el acuerdo solo entrará en vigor tras la ratificación por los congresos nacionales de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, añadiendo una dimensión política interna significativa y potencialmente desigual. Bolivia aún no es miembro de pleno derecho, pero está en proceso de adhesión, mientras que Venezuela ha sido suspendida del bloque desde 2016 por motivos democráticos.
Aunque el acuerdo va más allá de la agroindustria, ese sector fue el tema más sensible durante las negociaciones. El texto prevé la eliminación de aranceles de importación sobre el 77% de los productos agrícolas exportados por el Mercosur a la UE, con periodos de transición que van de cuatro a diez años. Los productos considerados sensibles por los europeos, como aves de corral, cerdo, azúcar, etanol, arroz, miel y maíz, estarán sujetos a cuotas de exportación, ya que compiten directamente con la producción local. Estas cuotas funcionan como un mecanismo de liberalización controlada, manteniendo aranceles por encima de los volúmenes establecidos y impidiendo el acceso inmediato y sin restricciones al mercado europeo. En total, alrededor del 82% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se beneficiarán de reducciones arancelarias.
El acuerdo también reconoce alrededor de 350 indicaciones geográficas destinadas a prevenir la imitación de ciertos productos alimentarios tradicionales de la UE. Como resultado, nombres como Parmigiano Reggiano (queso parmesano), Prosciutto di Parma, Champagne, vinos de Burdeos y quesos franceses como Roquefort y Camembert se reservarán exclusivamente para productos elaborados en sus respectivas regiones.
Además, el acuerdo incorpora mecanismos de salvaguardia que permiten a la UE suspender temporalmente los beneficios arancelarios en caso de un impacto significativo en su mercado interno. En la práctica, si las importaciones de un producto agrícola sensible aumentan más del 5% en una media de tres años, la UE podría iniciar una investigación y evaluar la suspensión de los beneficios. Para los países del Mercosur, estas cláusulas son motivo de preocupación, ya que introducen una incertidumbre adicional sobre la previsibilidad del acceso al mercado europeo y subrayan la asimetría de poder regulatorio entre los bloques.
Desde una perspectiva sudamericana, una crítica recurrente y relevante es que el acuerdo sigue reflejando una lógica estructural de «Norte Global frente a Sur Global».
El Mercosur sigue posicionándose en gran medida como exportador de productos agrícolas como la soja, el café y la carne, mientras que la UE amplía el acceso a productos industriales de mayor valor añadido, incluyendo automóviles, productos farmacéuticos, maquinaria, productos químicos, chocolates, quesos y vinos. A esto se suma la preocupación por los estrictos requisitos ambientales y regulatorios, que podrían imponer costos adicionales de adaptación a los productores del Mercosur, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
El acuerdo también promueve disposiciones sobre el comercio de servicios e inversión al reducir la discriminación regulatoria contra inversores extranjeros y ampliar los compromisos en sectores como servicios financieros, telecomunicaciones, transporte y servicios empresariales. Aunque este capítulo tiene el potencial de profundizar la integración productiva y aumentar la previsibilidad regulatoria, sus efectos concretos dependerán de la capacidad de los países del Mercosur para convertir la apertura formal en una integración competitiva efectiva.
Otro punto relevante es la apertura de los mercados de contratación pública, que permita a las empresas del Mercosur participar en las licitaciones de la UE bajo normas más transparentes y predecibles. Esto representa un avance institucional importante, pero cuyo uso práctico requerirá un alto nivel de capacidad técnica y organizativa por parte de las empresas sudamericanas.
En cuestiones medioambientales, las cláusulas son vinculantes, condicionando los beneficios arancelarios al cumplimiento de los compromisos medioambientales, incluyendo la prohibición de la comercialización de productos vinculados a la deforestación ilegal y la posibilidad de suspender el acuerdo en caso de violaciones del Acuerdo de París. Aunque este marco responde a demandas legítimas de sostenibilidad, también refuerza el uso de requisitos medioambientales como instrumento de política comercial.
Las normas sanitarias y fitosanitarias siguen siendo estrictas, sin relajación por parte de la UE, preservando barreras técnicas significativas. Esto requiere inversión continua en cumplimiento normativo por parte de los exportadores de Mercosur.
El avance del acuerdo también llega en un momento de mayor tensión en el comercio global. El reciente aumento de aranceles impuesto por Estados Unidos, conocido como el «shock arancelario», también ha afectado a la UE y fue un factor clave en que países como Alemania y España apoyaran el acuerdo, a pesar de la oposición liderada por Francia. En el caso de Francia, la resistencia está estrechamente ligada a la presión del sector agrícola y a la fragilidad política de un gobierno minoritario.
Para desbloquear las negociaciones, la UE reforzó las salvaguardas para su sector agrícola y señaló reducciones arancelarias sobre los fertilizantes, reduciendo los costos de producción para los agricultores locales. Para ambas partes, el acuerdo ofrece una oportunidad para diversificar socios comerciales, ampliar las exportaciones industriales y reducir la dependencia de China en cadenas de suministro estratégicas, especialmente en el sector mineral.
Para Brasil, la mayor economía del Mercosur, el tratado amplía el acceso a un mercado de alrededor de 451 millones de consumidores y probablemente generará impactos que van más allá de la agroindustria, alcanzando segmentos industriales clave y estimulando la inversión bilateral.
En un entorno global cada vez más fragmentado, el acuerdo señala una apuesta por el multilateralismo y la integración económica como herramientas de estabilidad y crecimiento. Desde un punto de vista analítico, aunque los posibles beneficios económicos son significativos para ambos bloques, la distribución efectiva de esos beneficios dependerá de la capacidad de los países del Mercosur, especialmente Brasil, para formular políticas industriales y comerciales no proteccionistas capaces de evitar la perpetuación de asimetrías, reducir la dependencia de las materias primas y promover un mayor valor añadido a largo plazo.
Fuente: DATAMAR (con información de prensa escrita por Nailia Aguado Ribeiro Franco, abogada corporativa en Andersen Ballão Advocacia).
