En una época de plenas aperturas comerciales, múltiples interacciones y fortalezas regionales, el libre comercio es rey. Y los tratados de este tipo, los famosos TLC, son su gran caballo de batalla. Sin embargo, bajo este régimen también existen peones y caídos. ¿Está dando el rey beneficio a todos sus súbditos?
Desde distintas organizaciones, la respuesta es no. A su parecer, estas negociaciones están limitando los derechos de la ciudadanía, beneficiando a los grandes inversionistas y empresas multinacionales y perjudicando inclusive a los estados, especialmente a los latinoamericanos.
Melinda St. Louis, directora del Programa Internacional “Observatorio de Comercio Global” de Public Citizen, una organización no gubernamental de los Estados Unidos que vela por la protección y los derechos de los consumidores en estas tratativas, explica que desde la organización están velando por la protección de la salud pública, el medioambiente y la estabilidad financiera de los consumidores, entre otros aspectos.
Pero más específicamente agrega que, “desde los 90 entramos más en los TLC para incidir en estos procesos y asegurar que hubiera suficiente espacio político de los gobiernos para regular el espacio público”, y en este sentido puntualiza el interés por la regularización de los derechos de los inversionistas ante el Estado.
El Estado en problemas
Uno de los tratados más criticados es el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que involucra a países de Latinoamérica como México y Chile con Estados Unidos, Canadá y otros países de Asia. La razón esencial es que las negociaciones se hacen a puertas cerradas y están respaldadas por grandes empresas farmacéuticas, de agronegocios y bancos mundiales que buscan obtener más poder y control en los mercados.
Naturalmente, estas intenciones contrastan con el rol regulador del Estado y se materializan en las diferencias de intereses entre ambos. St. Louis comenta que “el modelo ha sido manipulado por los que han estado en la mesa de negociación, en beneficio de los grandes capitales. El empuje de la región es atraer inversión extranjera, el motor de crecimiento, pero ha habido un desbalance en estos acuerdos entre los derechos de estos inversionistas extranjeros y los gobiernos, respecto al derecho de regular y proteger su medio ambiente y salud pública”.
El problema que se genera a partir de esto es que la ampliación de las atribuciones a los inversionistas extranjeros, bajo estos términos secretos, les permite obtener indemnizaciones por cualquier acción gubernamental que, según ellos, haya afectado sus futuras y esperadas ganancias. Según el Public Citizen, “más de US$ 400 millones ya han sido pagados por los ciudadanos de los países afectados a inversionistas extranjeros, solo en el marco de los tratados de libre comercio de los Estados Unidos con los países de la región”. Esto se extiende a la cifra de US$ 2.500 millones si consideramos todos los países que sostienen tratados con el país del norte.
Por ejemplo, bajo el TLC con Estados Unidos, Perú está siendo atacado por Renco Group, propiedad de uno de los hombres más millonarios del país, quien está utilizando el sistema inversionista/Estado para exigir US$ 800 millones de los contribuyentes peruanos por una compensación para los niños en La Oroya, debido a la contaminación del horno de fundición de su comunidad. Casos similares se viven con Philip Morris contra Australia y Uruguay, respecto al empaquetado para las cajas de cigarrillos y con Chevron en Ecuador por la contaminación en la Amazonia ecuatoriana.
El riesgo latente es que la voluntad política de intercambio con otros países se congele definitivamente o no se aproveche del todo.
St. Louis destaca que es importante para esto que, “existan varios países del continente que estén participando para investigar si hay una manera regional de resolver este tipo de conflictos y no tener que recurrir a tribunales que están bajo el auspicio del banco mundial”, de manera tal que además se vaya potenciando el comercio sur-sur y la economía interregional.
Anular o renegociar estos tratados, he ahí el dilema.
Autor: Héctor Cancino Salas, en Aduana News
