La Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval se reunió el miércoles 15 de octubre, donde la Federación de la Industria Naval (FINA), en la voz de su presidente, Juan Antonio Torresín, dio su apoyo al proyecto de ley de Marina Mercante e Industria Naval que hoy tiene tratamiento legislativo y que cuenta con la adhesión del Diputado Gastón Harispe y el Diputado Julián Domínguez, entre otros.
La FINA justificó su posición en el siguiente comunicado:
En un país con litorales marítimos y vías fluviales como el nuestro, es claramente reconocible la necesidad de contar con un régimen definitivo para la actividad Naviera Nacional y su Industria Naval.
El nuevo plexo normativo debe fijar una política para el sector que posibilite un aumento de la oferta de bodega disponible en el ámbito nacional, con proyección al ámbito internacional y con una industria naval consolidada, que la convierta en el proveedor natural de la actividad.
En definitiva, su objeto primordial es generar un equilibrio entre la actividad del transporte por agua, con los mercados en que opera la Industria Naval.
Así lo reconocía, señaló Torresín, el decreto 1010/04, promulgado por el ex presidente Néstor Kirchner, cuando textualmente decía “que la actual situación de ambos sectores, amerita el dictado de un régimen transitorio hasta tanto se produzca la sanción de un régimen definitivo, que conjugue simultáneamente los intereses de la actividad naviera y de la Industria Naval”. Ése es el concepto integrador de marina mercante.
Para la FINA, otras opciones legislativas conducirían a priorizar servicios por sobre industria, lo que dictaría un certificado de defunción para la Industria Naval Argentina y un retorno a las políticas desarrolladas en la década del noventa, que prácticamente destruyeron el capital económico y social de la Industria Naval.
El concepto integrador de marina mercante que incluye la actividad naviera, los puertos, las vías navegables y la Industria Naval, recordó Torresín, fueron un principio claro materializado en la definición de marina mercante; receptado y explícitamente recogido en la plataforma electoral del actual Gobierno Nacional en el año 2003. Cuando dice “respetando el principio integrador que considere a la Marina Mercante y a la Industria Naval, como pertenecientes al mismo sistema económico y que por lo tanto deben tener un único tratamiento legislativo”. Por lo tanto, el proyecto que hoy se encuentra en diputados, no hace más que saldar una promesa generada en los albores de este gobierno.
Éstas son las razones que planteó la FINA para apoyar el actual proyecto de Ley, dado que es el que mejor conjuga el concepto de inclusión de los distintos sectores, teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de la Nación, sacando el mejor partido del potencial de todos los sectores productivos y comerciales, sean de servicios, como así también de las actividades industriales extractivas, renovables y/o no renovables.
Otro tema que no admite discusión, para la FINA, son beneficios que obtenga el transporte por agua, distorsionando la oferta de la Industria Naval.
En este sentido, hay plena convicción de que no debe permitirse la importación o charteo de buques y/o artefactos navales usados en forma definitiva, destinados al cabotaje y a la pesca, con los que es imposible competir desde la oferta industrial.
Ésta debería ser la regla, incluyendo a la actividad marítima, la cual podría tener excepciones transitorias reguladas y condicionadas a la construcción de unidades similares en el país.
Por supuesto, señaló Torresín, que un régimen de promoción como el que se está solicitando, requiere un régimen de tratamiento fiscal particular para una actividad que, como lo es la actividad naviera y la industria naval, son consideradas en el mundo como merecedoras de atención particular. Tanto por su efecto multiplicador medido en términos de puestos de trabajo, como por su obligación de competir fuera de las tradicionales fronteras de su país de origen que lo hacen fundamental. No incluir un régimen fiscal especial es aceptar que la norma dejaría de ser de promoción.
También, la Federación considera un acierto el tema del financiamiento, diferenciando los recursos de amortización de largo plazo para los buques terminados, de los asignados a la etapa de construcción que contemplan una amortización de corto plazo, a ejecutarse con herramientas financieras modernas, de acuerdo a las necesidades del sector y las garantías reales suficientes.
Por último, la FINA señaló que acompaña los conceptos que incluyen en la Ley una atención especial para la formación continua de los trabajadores técnicos y profesionales ligados a tareas industriales como a la ingeniería naval, del ámbito que legisla la Ley, ya sean tripulantes o ligados a las actividades terrestres. Ésta es la única manera de fomentar en el país los proyectos tecnológicos, fuentes de trabajo y posibilitar el fortalecimiento de toda la cadena de valor navalpartista, garantizando así la ampliación de nuevas fronteras tecnológicas en sede académica y de capacitación continua.
Fuente: Región Centro
