La autoridad del Canal de Panamá y el consorcio de constructores europeos acordaron poner fin a la disputa acerca de los US$ 1.600 millones de sobrecostos en el proyecto de ampliación del Canal, que duró dos meses y mantuvo paralizadas las obras, aumentando las esperanzas de que los trabajos puedan ser finalizados en unos dos años.
En el acuerdo preliminar se acordó llamar a árbitros independientes para determinar quién debe asumir los costos adicionales, informó The Wall Street Journal.
Ambas partes también acordaron disponer de más de US$ 1.000 millones en fondos para completar el proyecto de ampliación, proyecto que según el punto de vista de la industria marítima será de una gran ayuda para el comercio mundial.
Los trabajos en la centenaria vía fluvial, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico, se iniciaron en el 2007 con un costo total calculado en US$ 5.200 millones, y el objetivo es ampliar y profundizar el canal, dado que muchos de los buques de hoy en día, incluidos los petroleros y muchos barcos de contenedores, son demasiado grandes para pasar a través de los estrechos tramos de poco más de 33 metros de ancho del canal.
Jorge Quijano, director de la Autoridad del Canal de Panamá, agencia gubernamental que opera los 80 kilómetros del canal, dijo que el proyecto no estará finalizado hasta principios del 2016. El objetivo anterior era para finales del 2015.
Con la finalización del proyecto, Panamá incrementará en gran medida los más de US$ 1.000 millones anuales en ingresos por cuotas de peaje, que recibe en la actualidad. Los EE.UU., que construyeron el canal en 1914 y son el mayor cliente de este, también se espera que se vean beneficiados, ya que un canal más amplio podría permitir que se inicie la exportación de gas natural licuado a Asia desde los puertos del este de los EE.UU.
La expansión fue puesta en duda a principios de enero, cuando el consorcio constructor Grupos Unidos por el Canal (GUPC), exigió una suma adicional de US$ 1.600 millones por su parte del proyecto, la suma original era de US$ 3.100 millones para construir un tercer juego de esclusas en ambos extremos de la canal. El consorcio es controlado en un 96% por la constructora española Sacyr y la italiana Impregilo Salini.
El administrador del canal dijo que la resolución entró en foco una vez que las dos partes se concentraron en cómo financiar el 30% del proyecto que permanece inconcluso.
El acuerdo que se firmará la próxima semana pide a ambas partes que comiencen aportando US$ 100 millones cada una, lo que permitiría que los trabajos se reinicien plenamente en marzo.
Otros US$ 400 millones vendrían en forma de los llamados bonos de garantía emitidos por Zurich Insurance Group. Representantes de esta aseguradora no estuvieron disponibles para hacer comentarios.
Los bonos normalmente entran en juego cuando un contrato se rompe, lo que permite que una de las partes presente un reclamo monetaria, pero en este caso, Quijano dijo que incluso con el contrato intacto, los fondos se pondrán a disposición.
El acuerdo también daría a GUPC más tiempo, en algunos casos hasta el año 2018, para pagar algunos de los US$ 784 millones en pagos anticipados hechos al consorcio por la Autoridad del Canal de Panamá.
Representantes de GUPC dijeron que el acuerdo también destrabaría unos US$ 500 millones de la Autoridad del Canal bajo el plan de presupuesto original.
En el grupo de construcción comentaron además que el acuerdo, «cumple el objetivo de GUPC sobre un enfoque integral para proveer fondos para el proyecto a través de un acuerdo de co-financiamiento». Añadieron sin embargo, que la realización del proyecto podría depender de «los resultados de los arbitrajes para asignar la responsabilidad final por los costos adicionales».



















