El diálogo sobre sobrecostos en las obras de la ampliación del Canal de Panamá entre la Administración del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) -iniciado con la intervención de la ministra española de Fomento- se ha interrumpido, e incluso ya no es la española Sacyr la portavoz del grupo sino que ahora la otra empresa mayoritaria del consorcio, la italiana Impregilo, es la que pide, vía prensa, US$ 1.000 millones a la ACP, manteniendo la amenaza de interrumpir las obras.
Parece claro que el consorcio constructor carece de los recursos financieros necesarios para completar la obra en los términos establecidos en el contrato original, lo que trae al presente las críticas realizadas a la adjudicación del proyecto a GUPC, que ofertó un precio muy inferior al de los otros proponentes, monto que se dijo «no alcanzaba ni para pagar el hormigón».
Entre las principales críticas a esa adjudicación, se señalaba que GUPC cumplió con las exigencias de fortaleza financiera establecidas en la precalificación de la licitación, con una emisión de bonos por US$ 50 millones que fue respaldada por las agencias de promoción de exportaciones de los gobiernos de España, Francia e Italia y no por el mercado de capitales, que es siempre más crítico en sus decisiones, como lo tuvo que hacer la empresa Betchel.
Fuente: Maritime-executive.com
